Para las próximas semanas está prevista en Bolivia la consulta electoral que debiera poner fin a la crisis política iniciada en diciembre del año pasado y consumada con la caída del gobierno de Evo Morales.

Aunque formalmente se ha definido el 18 de octubre como la fecha en la que se celebrarán los comicios programados; nada es definitivo en el país del altiplano. Recientemente se han conocido las declaraciones de Arturo Murillo, Jefe Militar en actividad y actual Ministro del Interior de régimen dictatorial que lidera Jeannine Añez.

El citado funcionario, requerido por la prensa para declarar en torno a la ilegal adquisición de armas para la policía y el ejército de su país; ha aceptado la operación, y la ha justificado asegurando que esas armas han sido compradas “para defender la democracia”. A continuación ha dicho: “no vamos a permitir que la democracia esté en juego. A la democracia se le va a defender al precio que sea”. En otras palabras, el uniformado, ha cambiado el rol de la institución castrense. En lugar de defender las fronteras nacionales y la integridad territorial, la Fuerza Armada ha asumido el “tutelaje” de la democracia, cosa que nadie le ha pedido y que no tiene el menor sustento constitucional, ni legal.

En todo caso, la declaración refleja la voluntad de un sector de la Fuerza Armada, empeñado en asumir una función política, imponiendo sobre la voluntad ciudadana, a un gobierno que ella misma juzgue “democrático”, y rechazando lo que considere incompatible con esa apreciación. En otras palabras, lo “democrático” es lo que responda a  su concepción; y lo antidemocrático es todo lo que se aleja de ella.

Tamaño despropósito pinta de cuerpo entero a los militares fascistas que depusieron a  Evo Morales, y deja en claro que ellos no están dispuestos a permitir un régimen similar a ése, aunque fluya de la voluntad ciudadana. Esta expresión se parece mucho a la que formulara Henri Kissinguer, el Secretario de Estado de los Estados Unidos en los años de Nixon, contra Chile en los años previos a la elección de Salvador Allende. Dijo en su momento que ellos “no podían quedarse impávidos y dejar que un país se hiciera marxista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”.  Asumían, entonces, el papel de perros guardianes de la democracia. Se sabe a dónde condujo eso.

Podría suponerse, entonces que Bolivia está en víspera de convertirse en una nueva dictadura fascista que pasaría por la continuación de la actual gestión gubernativa, desconociendo el proceso electoral que se avecina y sus eventuales resultados. Esa es, por lo menos, la voluntad de un sector -hoy dominante- en la estructura de Poder en ese país.

El derrocamiento de Evo Morales, entonces. No se debió “fraude electoral” alguno. Este, nunca existió. La acción golpista se produjo porque los militares fascistas consideraron que el rumbo del gobierno de Morales no era “democrático”, y, por lo tanto, el Presidente debía ser derribado. Así ocurrió, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, la complicidad de la OEA y el silencio de otros gobiernos de la región.

La actual Presidenta fue una suerte de “tabla de salvación” para los golpistas que hoy, incapaces de ganar la voluntad ciudadana, buscan imponerse a “cualquier precio”, razón por la que recurren a la fuerza de las armas. El pueblo boliviano resistió heroicamente el golpe de diciembre pasado. Y luchó de manera consecuente para repudiar a la administración impuesta por los mandos castrenses. Solo la represión más salvaje, pudo imponer en Bolivia una paz de cementerios. Decenas de muertos, perseguidos y encarcelados; fue el tributo dejado por la ciudadanía en la lucha contra el Golpe.

En estos meses, resistiendo la política asesina del gobierno de Añez y el efecto de la pandemia sanitaria que se ha ensañado contra la población; los trabajadores y el pueblo de Bolivia han buscado obsesivamente salir de este embrollo exigiendo la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Las autoridades, que prometieron originalmente hacer la consulta ciudadana en el mes de febrero, difirieron la decisión. El COVID 19 fue usado como pretexto para trasladar sucesivamente la fecha de las elecciones, pero ésta fue fijada, finalmente, para el18 de octubre próximo. Fue ese el acuerdo al que se arribó luego de las grandes movilizaciones de masas ocurridas en agosto y septiembre. Hoy, se busca patear el tablero y volver con el tema a fojas cero.

La izquierda boliviana y la solidaridad internacional

En todo este periodo, el pueblo ha consolidado un proceso de unidad. De la lucha heroica de las poblaciones, ha brotado el acuerdo unitario que ha permitido sumar fuerzas. La fórmula presidencial que encabeza el compañero Arce Catacora ha concitado largamente el apoyo ciudadano y todo indica que habrá de ganar los próximos comicios, incluso en primera vuelta. Objetivamente, el pueblo está harto de la dictadura que es sinónimo de muerte y de corrupción.

La coalición de fuerzas de izquierda ha lanzado recientemente un llamamiento en el que se expone la grave situación por la que atraviesa Bolivia y se reclama la solidaridad más amplia con la lucha por poner fin al régimen genocida impuesto, y que busca perpetuarse.

Este deber de todos -y también ciertamente de nuestro Partido- acoger ese llamamiento y promover la más amplia y activa solidaridad con el pueblo de Bolivia, que no puede quedar en manos de las camarillas asesinas herederas de Arce Gómez y Hugo Banzer.

Por esa razón, nuestro Partido llama a todos sus comités regionales y locales, a sus células y a toda la militancia, a sus amigos y simpatizantes y a todas las fuerzas progresistas de la sociedad peruana, a movilizarse activamente en apoyo firme y decidido al pueblo de Bolivia.

Debe darse el proceso electoral del 18 de octubre y respetarse el resultado que arrojen las ánforas. Y debe procesarse la restauración del orden democrático y constitucional boliviano por encima de las diferencias grupales o partidarias. Y la transición de la actual dictadura a un gobierno del pueblo, debe hacerse de manera ordenada y pacifica, como la ciudadanía lo reclama, sin represión ni crímenes.

Esa es la voluntad del Partido Comunista Peruano, que tiende su mano solidaria a los trabajadores, y al pueblo de Bolivia.

Lima, 7 de octubre del 2020

La Comisión de Relaciones Internacionales del PCP

Fuente:

Partido Comunista Peruano