A partir del 31 de agosto las empresas de telecomunicaciones aumentarán los abonos de todos los usuarios. Las tres principales operadoras del sector, Personal -que también es dueña de Fibertel-, Movistar -de Telefónica de España- y Claro -del megamillonario Carlos Slim- ya confirmaron que los precios de sus planes aumentarán entre el diez y el once por ciento a partir del 31 de agosto, fecha en que vencerá el congelamiento acordado con el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.

El aumento se confirmó en un contexto en el que Internet, por si quedaba alguna duda, se consolidó como un servicio esencial para todos los trabajadores.
Y en este punto emerge la problemática de la denominada brecha digital, esto es, las barreras todavía muy fuertes en amplios sectores de la población para acceder a Internet y otras tecnologías.

Pero también la siguiente pregunta: si Internet es un servicio esencial ya que, como queda claro, compromete la seguridad y soberanía de los países al tiempo que la posibilidad o no de acceso agudiza las diferencias sociales ¿quién debe administrar este servicio? ¿es admisible que sean empresas con tendencias monopólicas en el país, la región y el mundo las responsables del servicio? ¿El Estado argentino debería tener una política nacional y regional de telecomunicaciones?

En la actualidad la topografía del sector es la siguiente. Arsat, que es la empresa de telecomunicaciones del Estado argentino, ofrece servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial.

Su importancia en el sector de las telecomunicaciones es fundamental, ya que es la responsable del mantenimiento y ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica, que es la que permite la conectividad de casi todo el país.

Además, brinda servicios de Internet satelital allí donde la fibra óptica no ha llegado aún, como en Tolhuin (Tierra del Fuego) o Antofagasta de la Sierra (Catamarca), por ejemplo.

La red de fibra óptica que administra Arsat conecta a vastas regiones del país pero no realiza lo que se conoce como “conexión de última milla” o “iluminación” de las ciudades y pueblos. Esta tarea recae en el sector privado y consiste en vender el servicio de Internet, al que se accede a través de la fibra óptica que pasa por la región, por lo general siguiendo la traza de la Ruta Nacional 40. Una vez más, el Estado garantiza la infraestructura para que el sector privado haga sus negocios.

Antecedentes

Antes de la llegada de Mauricio Macri a La Rosada, con los gobiernos de Cristina Fernández, Argentina tuvo una importante política en el sector de telecomunicaciones, destinada a reducir la brecha digital y a capacitar a la población en habilidades tecnológicas.

En el marco de estas políticas, el Estado desarrolló el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, creado en 2010 por el gobierno de Cristina Fernández y que incluyó políticas de infraestructura y capacitación en las nuevas tecnologías, como la Red Federal de Fibra Óptica y programas de entrenamiento digital.

Este ambicioso plan, que llegó a tender más de 16 mil kilómetros de red de fibra óptica en el país y que potenció a Arsat, fue desfinanciado por el macrismo y entregado al sector privado.

Las consecuencias de semejante decisión quedaron expuesta en estos meses en los que pandemia y clases virtuales en todo el país, pusieron en superficie los problemas de acceso a Internet y computadoras que tienen docentes y alumnos.

Vale recordar que el Plan Nacional Argentina Conectada además de promover la reducción de la brecha digital, tanto en acceso como en capacitación, articuló políticas con el Plan Conectar Igualdad, desguazado y eliminado luego por el ex ministro de Educación y actual senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, y la Televisión Digital Abierta, eliminada por el ex ministro de Cultura, luego degradado a secretario, Pablo Avelluto.

Durante el gobierno de Cristina Fernández, que solo en 2010 dio inicio a Argentina Conectada, Televisión Digital Abierta y Conectar Igualdad, se repartieron 6.700.00 computadoras portátiles a alumnos de escuelas argentinas.

Casi una década después, Macri manifestó que repartir esas computadoras fue como “repartir asado y no tener parrilla”, a pesar que diversos estudios ya demostraban por esa época las mejoras que el Plan había motivado, no solo en cuestiones de acceso a la tecnología, sino también educativas.

En Argentina al día de hoy uno de cada tres personas no tiene Internet. Y entre los que tienen acceso, las posibilidades de uso es desigual por dos motivos.

El primero, refiere a las habilidades incorporadas, que el Estado dejó de estimular en el período 2015-2019, por ejemplo, a través de la eliminación de los oficios digitales que se dictaban en los por entonces Núcleos de Acceso al Conocimiento, hoy Puntos Digitales.

El segundo, se vincula a cuestiones de infraestructura, esto es, que en muchos casos la calidad de Internet es muy mala y/o los dispositivos de conexión insuficientes como para poder, por ejemplo, participar de teleconferencias o plataformas de educación a distancia.

Lo que sucedió, repetimos, es lo mismo que en todas las otras áreas bajo el gobierno de Macri. Se le permitió a Cablevisión, que también es dueña de Fibertel, comprar Personal; Arsat vio disminuida su capacidad operativa, dejó de construir satélites y se dedicó a hacer negocios espurios a través de su vicepresidente, el macrista y contrabandista de autopartes Raúl Martínez, con la norteamericana Cisco.

Y también se desfinanció el Programa Punto Digital, que cuenta con más de seiscientos espacios instalados en todo el país, que pasó de ser un centro de formación digital de primer nivel mundial a un espacio de contención de la crisis económico-social en la que quedó sumergida el país por la política económica del macrismo.

Escenario actual

En la actualidad, pese a la importancia de Arsat, esmerilada durante el macrismo, el sector es dominado por empresas privadas. Sintomático es que Arsat no brinde servicios de conectividad a la población, como Internet móvil para teléfonos inteligentes y wifi para hogares.

Las tres más importantes son Personal, Movistar y Claro.

La primera característica del sector de telecomunicaciones que salta a la vista es que se trata de mercados cautivos, que se reparten un puñado de empresas: si la telefonía móvil está monopolizada por las tres empresas ya señaladas, el servicio de Internet y televisión para hogares está controlado por Cablevisión-Fibertel -que absorbió durante al macrismo a Arnet-, Telecentro y DirectTV.

A pesar de la crisis económica provocada por el macrismo, durante los últimos años estas empresas tuvieron ganancias extraordinarias, incluso durante la pandemia.

Por ejemplo Cablevisión Holding, empresa de telecomunicaciones del Grupo Clarín, ganó 2.774 millones de pesos en lo que va de 2020, lo que implica un 168 por ciento más que lo que ganó en el mismo período en 2019.

En este contexto, entonces, una vez más quedan en claro los antagonismos. Cuando gran parte de los trabajadores dependen de una conexión a Internet para trabajar, que incluso deben pagar aun cuando trabajan en relación de dependencia, se producen los aumentos señalados.

Sin embargo, es apenas una consecuencia superficial de una problemática más amplia, que permite plantear la siguiente pregunta: ¿no es hora que el Estado argentino tenga su propia empresa de servicios de telefonía móvil y de Internet para la población?

Fuente:

Nuestra Propuesta | Diario del Partido Comunista de la Argentina