“No creemos que la solidaridad venga de ahí” sostuvo el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, al referirse al proyecto presentado por Carlos Heller, por el que se pretende establecer, por única vez, un gravamen a aquellas personas físicas cuyos bienes personales estén declarados por más de doscientos millones de pesos o el equivalente a tres millones de dólares.

Vale citar que la iniciativa prevé una tasa de entre el dos y el tres por ciento que alcanzaría a alrededor de doce mil personas, con el fin de recaudar un fondo que permita reforzar la recaudación, en un contexto en el que el Estado hace un esfuerzo importante para enfrentar algunas consecuencias de la pandemia.
La de Iannizzotto no es una voz aislada entre el universo del capital y, particularmente, en el del sector agroexportador que el ejecutivo intenta integrar en su totalidad al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), espacio que el propio titular de Coninagro se apresuró a advertir que “no reemplaza a la Mesa de Enlace”.
En este contexto, Iannizzotto hizo hincapié en que “no creemos que la solidaridad venga de pagar más impuestos”, tras lo que volvió con una cantinela conocida al argumentar “si pagás menos impuestos se puede invertir y producir más”.

¿Pero cuánto hay de cierto en este apotegma con el que machaca el capitalismo? Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno Cambiemos en diciembre de 2015, fue la eliminación de las alícuotas que afectaban a la exportación de trigo, maíz, sorgo, girasol y carnes, al tiempo que redujo las retenciones a la exportación de soja en un programa que pretendía acabar en retenciones cero.

Lejos de generar empleo o inversión, estas medidas redundaron en una drástica reducción de la recaudación fiscal, en tanto que se incrementó la restricción externa, esto es, la carencia de dólares, ya que también se extendió el plazo de liquidación de divisas para el negocio agroexportador. El plan progresivo dispuesto por La Rosada hizo que, en enero de 2017, ese plazo se extendiera a diez años.

Así, con los bolsillos llenos de dólares y sin controles estatales a la vista, el producto de la tierra se transformó rápidamente en insumo para la extrema financiarización.

¿Qué quiere decir esto? Que mientras en Argentina, los trabajadores tenían que pagar los fideos o el aceite a precios europeos, pero con salarios argentinos, los agroexportadores se hacían su veranito maximizando tasa de rentabilidad -todavía más- por medio de la especulación en la liquidación de divisas.
Y si para muestra alcanza con un botón, ahí están los datos aportados por el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera.
En 2019 con cosecha récord se habían liquidado algo más de 17.300 millones de dólares, cifra similar a la del año anterior que registró una sequía histórica. Y menos que durante 2016, 2014 y 2013 años que tuvieron cosechas de menor volumen.

Este es el mecanismo criminógeno que defienden los que cacerolean enarbolando la leyenda “todos somos Vicentin”.

El perro y sus pulgas

Por otra parte, el titular de Coninagro fijó la postura de su sector, cuando frunció el ceño ante la propuesta gubernamental de que YPF Agro participe del mercado agroexportador. “Una empresa del Estado que potencie al sector privado lo vemos con buenos ojos, pero no una empresa que quiera competir”, destacó.

¿Qué quiere decir esto? Sencillo, lo que pretenden es que sea el Estado el que siga haciendo la inversión y genere un contexto apropiado para que el sector privado haga negocios, y después se retire.

Como se ve, se trata de una idea tan vieja como lo es el propio carácter simbiótico que existe entre el Estado Liberal Burgués y el universo del capital.
Pero también es una mirada que hay que tener en cuenta, a la hora de analizar de qué puede ir el CAA con el que el gobierno pretende generar una inversión de alrededor de cien mil millones de dólares y la creación de setecientos mil empleos.

Y que, sobre todo, pretende que se convierta en un eslabón medular del pacto policlasista que intenta ser un eje principal de la gestión a cargo de Alberto Fernández.

Mientras tanto, las señales que llegan del sector agroexportador, no son las más amigables.

Con la excusa de la caída del precio de los commodities en el mercado mundial, los agroexportadores sostienen la liquidación de dólares más baja de la última década.

¿Pero será verdad que les va tan mal? De acuerdo a datos oficiales de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el semestre inicial del año, las exportaciones agrícolas batieron récords.

Estos datos revelan que de enero a junio, las cadenas de maíz, cebada, girasol, soja y trigo exportaron 52,5 millones de toneladas, lo que significa el volumen más elevado para ese semestre que hay en los registros.

Asimismo, dan cuenta de que si se lo compara con 2019, el volumen exportado por estos complejos creció un seis por ciento con picos en trigo y maíz y comportamientos destacados en el resto.

Así las cosas, con la aparición de más de una vacuna que parece anunciar un horizonte visible para la pandemia, el ejecutivo se apresta a servir la mesa del pacto, en el que espera sumar a las patronales agroexportadoras.

En este sentido el CAA viene llevando a cabo una agenda de reuniones, entre las que estuvo la que sostuvo con la vicepresidenta Cristina Fernández.
La posibilidad de sumar a las patronales del campo es uno de los desafíos más duros que tiene el gobierno, que sabe que en un acuerdo policlasista de las características del que pretende, este sector no puede quedarse afuera.

Pero también, y ya que de campo va la cosa, el ejecutivo debería tener en cuenta aquel apotegma campero que asegura que el perro es el único animal que se rasca pa’ afuera.

Fuente:

Nuestra Propuesta | Diario del Partido Comunista de la Argentina