El país viene siendo golpeado por una pandemia que ha trastocado todos los cimientos de la sociedad. Es en este complicado escenario donde el gobierno ha develado sus verdaderas intenciones, maquillando un cúmulo de errores y responsabilizando de todos estos al pueblo.

El 16 de marzo, el Ministerio de Trabajo y Promoción promulgó en atención al Estado de Emergencia Nacional el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM donde indicaba que la declaración del estado de emergencia nacional no justifica el despido de ningún trabajador o trabajadora. También se indicó el tipo de actividades y servicios que seguirían operando de manera normal.

La realidad fue otra. Muchos trabajadores perdieron sus empleos, siendo despedidos de manera arbitraria. Las grandes empresas no dejaron de producir, no importó que sus rubros no estuvieran vinculados a la prestación de servicios y acceso a bienes esenciales, los trabajadores siguieron asistiendo a sus centros de labores en desmedro de su salud. Nunca importó la posibilidad de contagio.

Es en esta coyuntura en que la CONFIEP, envía una carta a la Ministra de Trabajo pidiendo una serie de normas laborales que los faculten de poder aplicar el cese colectivo de manera automática y sin autorización previa, en dicha carta también solicitaban la Suspensión Perfecta de Labores.

La CONFIEP mostraba una vez más su lado más agresivo y el desprecio que siente por la clase trabajadora.

La respuesta del gobierno evidenció una total sumisión a los grandes capitales, la aplicación de la Suspensión Perfecta de Labores, el traspasar el peso de la crisis a los trabajadores mediante el uso de sus ahorros privados, el concepto distorsionado de equidad que propone la Ministra de Trabajo, son pruebas claras de la estrategia que el gobierno ejecutará, utilizando la actual coyuntura como justificación.

El gobierno le ha dado la espalda al pueblo, ha preferido cuidar a los grandes grupos de poder, los 30 mil millones del programa “Reactiva Perú” serán para ellos, las MYPES no podrán acceder a los créditos debido a las condiciones que la banca impone, con el aval del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros.

Mientras que a los sectores populares les impone multas por salir a trabajar y a buscar el sustento para sus familias.

Es inevitable luchar por un cambio en el sistema imperante, el neoliberalismo actual permite que la CONFIEP sea quien dirija las políticas laborales, el gobierno sólo firma lo que los grupos de poder le dictan.

Fuente:

Partido Comunista del Perú – Patria Roja