Los comunicados emitidos por el Estado en las voces del Consejo de Salubridad General, la Secretaria de Gobernación, la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Salud, con la ausencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, causaron confusión aprovechada por los patrones. Vamos por partes: el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de marzo de 2019, donde se dijo que se declara como Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus Sars-COV-2 llamado COVID-19; en dicho acuerdo no aparece, por ningún lado, el concepto de contingencia sanitaria, en cambio el concepto de emergencia sanitaria se menciona cinco veces. 

Por otro lado, en la misma fecha, 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General, por medio de la Secretaria de Salud, dio a conocer las Medidas de Seguridad Sanitaria, un documento no publicado en el Diario Oficial de la Federación, y en el que se hace mención del concepto contingencia sanitaria una sola vez: en las actividades esenciales “Medida 1, Inciso a) Las que de manera directa son necesarias para atender la contingencia sanitaria…”.

¿Por qué este recuento?, el no declarar la contingencia sanitaria en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, y sí mencionarlo en el documento de la Secretaria de Salud, causo confusión al ser interpretado a la hora de aplicar lo que señala la Ley Federal del Trabajo en el artículo 427 que establece que “Son causas de suspensión temporal de las relaciones (colectivas) de trabajo en una empresa o establecimiento”: en la fracción VII que La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria”, y los que señala el artículo 429 en la fracción IV que establece a su vez “(…) el patrón no requerirá aprobación o autorización del Tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.”

En cuanto a los Artículo 42 Bis, 168, 175, 432 y Artículo 512-D Ter de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO, estos establecen para su aplicación que “…las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria”. 

Resulta que la LEY FEDERAL DEL TRABAJO dispone que se debe emitir una declaratoria por la autoridad competente, debiendo manifestarse claramente el termino Contingencia Sanitaria. Por lo que los patrones empezaron aplicar en su interés, aprovechando la confusión que causaron por un lado el acuerdo del Consejo de Salubridad General y por el otro el documento de las medidas de seguridad sanitaria, al suspender a los trabajadores en base a lo que señalan los artículos de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO mencionados, que por un mes no laborarían con el pago del salario mínimo general, aclarando que convienen con los trabajadores individualmente cuando debe de ser colectivo por estar en riesgo su integridad física, siendo que es claro que no procede la aplicación de los artículos pues, como quedo dicho, en el acuerdo no se menciona el concepto contingencia sanitaria, por lo cual su aplicación es ilegal. El gobierno fue cuidadoso en no incluirlo.

También esto ha causado que los patrones quedaran en la posición de imponer a los trabajadores la disminución de prestaciones; suspenderlos sin indemnización alguna; en otro caso les ofrecen a los trabajadores la disminución del salario para no despedirlos y conservar la fuente de trabajo; o están obligando a tomar sus vacaciones, a las que tienen derecho sin que los trabajadores sepan que les va a pasar cuando regresen a laborar al final de dichas vacaciones. Todo esto es ilegal, por lo que los trabajadores deben de exigir a la patronal la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo del 1º al 30 de abril, con el salario nominal que perciben hasta el 31 de marzo, y volver al trabajo en el primer día laboral en el mes de mayo, salvo que se prolongue la emergencia sanitaria. Y en su caso acudir a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o STPS estatal, según corresponda, a denunciar a los patrones por estos actos, pues el acuerdo emitido señala que es por Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que da derecho a exigir el respeto al salario íntegro y a las prestaciones e impedir que los patrones pongan en duda el concepto para deslindarse de toda responsabilidad.

Por último, los trabajadores de la empresa Volkswagen suspendieron las relaciones colectivas de trabajo con el pago del salario íntegro por parte de la armadora, en el mismo sentido la Coparmex acuerda el pago íntegro del salario a los trabajadores.

Fuente:

El Comunista – Órgano del Comité Central del Partido Comunista de México