Ante la actual crisis por la que está pasando el mundo, los diferentes gobiernos del planeta han puesto en marcha mecanismos y operativos, algunos de manera coordinada con la OMS y otros haciendo caso omiso a los hechos y tomando la pandemia a la ligera (como la administración de López Obrador), para poder enfrentar esta crisis.

Fuera de las medidas sanitarias que el Estado aplica, hay otra cara de esta situación, y es que las medidas que se adoptan par hacer frente al COVID19 tienen una inherente repercusión en la economía, puesto que los centros de trabajo se ven forzados a dejar de operar para mandar a los trabajadores a sus casas, y he aquí otra relación multisistémica que se da forzosamente, y es la que encontramos entre la economía y el trabajo.

Los trabajadores han sido los principales afectados en esta crisis, pues como se mencionó, por seguridad se les manda a sus hogares con sus familias, pero de manera irresponsable y atropellando los derechos laborales, los patrones usan “trucos” o “lagunas” en perjuicio de sus empleados, pues a algunos se les manda a “descansar” forzosamente, utilizando el as del derecho a las vacaciones que por ley tiene el trabajador, para así evitar “quemar” el cartucho que representa el sacar a los obreros de su centro de trabajo en estas fechas, y es que la coincidencia en las fechas de las vacaciones de semana santa se entrelaza con las medidas sanitarias, pero esto se hace de manera ilegal, ya que la crisis sanitaria es anterior al periodo vacacional, por lo que la autoridad laboral, ya sea la Junta Federal o local de conciliación y arbitraje debe garantizar que en efecto, no se viole el derecho de los trabajadores a las vacaciones. Esto de conformidad con el Artículo 429 de la Ley Federal de Trabajo que habla sobre el mes de indemnización obligatorio que debe dar el patrón a los trabajadores, sin aprobación o autorización de algún tribunal, y esto relacionado al artículo 427 fr. VII que nos dice de la suspensión de labores por contingencia sanitaria. En la práctica sabemos que un trabajador no puede estar en condiciones dignas apercibiendo solamente un salario mínimo al día y mantener a su familia, pagar rentas y servicios como agua, internet, gas, luz, etc. Asi pues, debemos exigir que no se corten estos servicios por falta de pago es un deber del Estado el garantizar el acceso a estos servicios y no negarlo, pues la situación está fuera del control de los trabajadores. Cabe mencionar, que estos cortes afectarán, como siempre a los sectores más vulnerables de la población como lo son las mujeres, mujeres embarazadas, personas mayores o con enfermedades crónicas, etc.

En cuanto a los despidos que se vienen, la Ley Federal de Trabajo es muy clara, hay dos tipos de despidos, el justificado y el injustificado. Las empresas han comenzado a despedir injustificadamente (es decir, sin ningún motivo imputable al trabajador), dejando puestos de trabajo vacíos, esto debido a la baja en la actividad económica, este despido puede darse por el simple hecho de impedir a una persona a acceder a su puesto de trabajo en su centro laboral, ya sea que impida directamente por el patrón, por el personal administrativo o por los elementos de seguridad, es entonces cuando por ley, el trabajador tiene derecho a toda una serie de derechos, entre los que se encuentra el aguinaldo, que corresponde (si se ha trabajado todo un año) a mínimo 15 días de salario, y en caso de no haber concluido el año, a la parte correspondiente a este (artículo 87 LFT). Otro derecho, y el principal en el despido, es la indemnización constitucional de 3 meses de salario que debe aportar netamente el patrón (artículo 48 LFT).

Por último y pero no menos importante, en el territorio nacional el Estado Mexicano tiene la obligación de preservar y garantizar el Derecho humano a la vida y a la salud de los migrantes que atraviesen por nuestro territorio, dado que es gente que escapa de sus lugares de origen por necesitad, se ven desamparados por su Estado y viajan sin que nadie se preocupe por ellos, así pues, el gobierno mexicano por el mandato constitucional dictado por el artículo 1ero en su primer párrafo.

Fuente:

El Comunista – Órgano del Comité Central del Partido Comunista de México