Para el abogado especialista en derechos humanos, Edy Tábora, el Decreto Ejecutivo que declaró a Honduras en alerta roja ante los casos confirmados de coronavirus en el país, “es autoritario”. Y es que cuestiona, que aunque el procedimiento se basa en la Constitución, hoy se requiere otro tipo de medidas que garanticen el acceso a derechos fundamentales de la población.  

Ayer, el Gobierno hizo oficial el estado de sitio suspendiendo garantías constitucionales a los hondureños, ordenando a las empresas cancelar las jornadas laborales con excepción de empresas de venta y distribución de alimentos, supermercados, farmacias, agencias bancarias y medios de comunicación.

Sin embargo, anoche el panorama cambió y hoy se ha restringido aún más la libertad para circular buscando el abastecimiento de combustibles, de hecho, algunos supermercados, farmacias y negocios de comida no abrieron sus puertas.

Además, según denunció el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), varios reporteros fueron obstruidos del “privilegio” a circular con el toque de queda para llegar a sus trabajos o para ejercer en la búsqueda de información.

Con todo el contexto anterior, Tábora, analiza que desde un enfoque jurídico, basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, “el acceso de derecho a la salud médica debe ir a la par del derecho a la información”.

El especialista en libertad de expresión y derechos humanos ahonda que Honduras cuenta con herramientas como el Código de la Salud y el Sistema Nacional de Emergencias, que establecen el protocolo a seguir en situaciones como la actual.

Tábora reconoce que suspender algunos derechos como la libre asociación que procedió a cancelar eventos culturales, deportivos y el uso de transporte público, fue un enfoque acertado viéndose desde el punto de vista de prevención a propagación del coronavirus.

No obstante, discute que desde que el Gobierno empieza con restricciones a derechos sociales, empieza a generarse una disyuntiva porque “el Estado hondureño empieza con estas restricciones pero no garantiza la atención médica, la alimentación y el derecho al agua”.

Medita que cuando se montó el decreto, al poco tiempo éste “muta de una declaración de emergencia a una suspensión de garantías constitucionales. ¿El Estado puede suspender garantías constitucionales en el marco de una pandemia?, sí, ahora, esta suspensión de derechos debe ir orientada a garantizar el principio de racionalidad entre el motivo del estado de emergencia y la restricción de derechos fundamentales”.

Desglosa que la Constitución secunda el procedimiento para la libre asociación, lo que ratifica es una acción oportuna, además agrega que en cuanto a la libertad personal y el accionar de la policía de detener a quienes no atiendan las medidas puede tener ciertas justificaciones pero también implica dar paso arbitrariedades.

“¿Podría suspenderse la libre expresión en una emergencia? No, porque uno de los derechos básicos asociados a la salud, es el derecho a la información y la libertad de expresión que busca por supuesto a instruir y difundir informes”, añade Tábora.

Además, hace mención que en un contexto de pandemia “lo que una sociedad necesita es la información. Claro, aquí el tema es que principalmente quienes pierden ese derecho en la búsqueda de información en las calles, son los periodistas, entonces hay que garantizar ese derecho y proporcionar la información”.

“La realidad del decreto, busca restringir garantías de evitar la aglomeración o tránsito de personas; sin embargo, está evitando garantías básicas para que la gente se informe y el Estado hondureño no está garantizando nada; por ejemplo, está restringido el derecho a la circulación pero no garantiza el derecho al agua o acceso a los servicios médicos y alimentación, entonces vemos que el decreto es autoritario”, sentencia.

En reflexión a lo que busca el Gobierno con estas medidas, asegura que en primer punto es tener un “discurso único” que no da espacio al contraste porque no permite que haya más fuentes de información; por otro lado, no se está logrando un cuestionamiento al gasto del presupuesto asignado para la crisis; y, por último: “El Estado está garantizando el espacio para la violación de derechos indispensables que no podrán generar denuncia”.

“Creo que también es muy importante ver que en el marco del estado de excepción, van a escasear los alimentos, el agua, y esto puede generar que estos sólo sean recursos captados por grupos privilegiados y eso va a imponer una alarma o una denuncia pública”, concluye.  

Fuente:

El Libertador