(LA PAZ).- “Lo que acá informa la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es que hay depósitos que son inusuales y sospechosos”, dijo, este miércoles en la sesión ordinaria 16 de la ALP, la presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Odebrecht-Lava Jato Correa-Camargo, Susana Rivero, para luego detallar que en 2007, Carlos Mesa tiene ocho movimientos inusuales y sospechosos en sus cuentas bancarias.

En la ocasión, la diputada recordó que Carlos Diego de Mesa ya había sido investigado antes de 2006. Pero que existen personas que se niegan a que la comisión hable de lo acaecido en el año 2004, cuando se registró muchísima actividad irregular.

En este sentido, Rivero explicó que estás empresas brasileñas continuaron con el pago de sus cuotas de coimas en los siguientes años, y en 2008, Carlos Mesa tuvo cinco movimientos inusuales y sospechosos. Además de que en gestiones pasadas tuvo coincidencias en fechas y lugares de viajes con los involucrados en este caso.

En 2009, “hay algo muy extraño”, los funcionarios seguían con el registro de movimientos económicos inusuales y sospechosos, incluso el ya fallecido exministro José Antonio Galindo que tenía movimientos en su cuenta bancaria, afirmó la presidenta de la comisión.

Rivero también explicó que entre los años 2004 y 2009 la UIF registró e informó que Carlos Eduardo Morales Landívar, exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, exviceministro de Carlos Mesa; Carlos Silvestre Romero Mallea, viceministro de Energías Alternativas e interino de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Carlos Mesa; Luis Albero Landívar Pereira, exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos; Antonio Galindo, exministro de la Presidencia en el gobierno de Mesa; Carlos Jemio Mollinedo, exministro de Hacienda del gobierno de Carlos Mesa; y Mario Avelino Moreno Viruéz, exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, tienen movimientos dudosos o sospechosos los cuales no cuentan con ninguna explicación, técnica, económica o jurídica; y realizaron viajes coincidentes con implicados en el caso Odebrecht.

En este sentido dijo que el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras es desde 2007 hacia adelante, pero que la investigación de la comisión muestra que se detalla que en 2003 no hubo movimiento económico solo coincidencias en algunos viajes y negociaciones para la construcción de las carreteras.

En 2004, se tomaron las decisiones y se aprobó una norma de contratación de llave en mano, el 8 de julio se firmó la declaración conjunta para la carretera Roboré-Puerto Suárez; el 20 de agosto se realizó la licitación; el 15 de octubre se define dividir en dos tramos; el 18 y 19 de octubre se iniciaron las licitaciones; el 29 de octubre se sancionó la ley; en noviembre se cambió el pliego de licitación y en diciembre se hicieron otros cambios y quien realizó los viajes es Carlos Eduardo Morales Landívar, ministro de Obras Públicas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y sostuvo varios encuentros con Vanderlei Almeida en Perú, en Bolivia y Brasil al igual que con Jorge Barata, implicado en Odebrecht.

La presidenta de la comisión mixta, Susana Rivero, también explicó que el decreto para dividir los tramos de la carretera fue firmado por el ministro interino de Obras Públicas, Carlos Alarcón. “Hay interinatos, pero lo extraño es que asuma esto un viceministro de otra área, porque Alarcón era viceministro de Justicia”, agregó.

De igual forma, expresó que otra de las observaciones es que la Cancillería y el ministro de la Presidencia coadyuvaron a la empresa Odebrecht para solucionar el problema de su licencia de operaciones. Y el día que se abrieron los sobres, se evaluó a las empresas para luego aprobar un informe, ya que ninguna cumplía con los requisitos, pero ese mismo día se firmó un decreto supremo de emergencia para adjudicar la obra a Camargo-Correa.

Rivero, con documentación en la mano, informó que los contratos firmados para la construcción de los dos tramos carreteros tenían un sobreprecio de 42,5 millones de dólares, “aunque quieran decir que este sobreprecio era para la inspección, pero estos mismos contratos no establecían eso”, explicó.

Así también, la comisión observó que las empresas adjudicadas a la construcción de las carreteras no se hicieron problema alguno cuando se les solicitó la rebaja en el costo de las obras, esto en el gobierno del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

La diputada dejó en claro que la investigación establece que los contratos se “amarraron” en el gobierno de Carlos Mesa y no se podían anular porque hubiera sido incumplimiento de contrato, pero se los pudo modificar. De igual manera, indicó que también se investigó las gestiones del presiente Evo Morales.

Rivero también señaló que son las mismas personas las que están implicadas en el caso de sobornos y las que aparecen en las diversas fases de contratación además de coincidencias en sus viajes. Sin embargo, en este informe se detectó a los que tuvieron relación directa y comprobada con Camargo-Correa y Odebrecht.

Para concluir, indicó que la UIF rastreó una cuenta en la que se identifican varias anotaciones, en el caso Castillo de Arena en la cual se realiza una transferencia de 480 mil dólares que llega al Banco Nacional de Bolivia y que 185 mil dólares provienen de un banco de Nueva York, Estados Unidos, y se identifica a un particular, es decir al intermediario entre otros movimientos económicos y que son familiares de un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Tener plata de rara procedencia en las cuentas, no haber retirado de ningún lugar, no haber vendido nada y de pronto que aparezca dinero raro en una cuenta, cuando menos debe ser algo preocupante no solamente para la comisión o para la Asamblea sino también para Bolivia”, enfatizó Rivero.

Fuente:

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia