(LA PAZ).- La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la noche de este miércoles, aprobó el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Odebrecht (Estados Unidos)-Lava Jato y Correa-Camargo (Brasil), y se determinó enviar toda la información al Ministerio Público para la respectiva investigación, además de solicitar cooperación internacional judicial con los países implicados.

Se resolvió denunciar y remitir los antecedentes ante el Ministerio Público por existir indicios de responsabilidad en las siguientes personas: Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Jorge Nicolás Peredo Flores, exgerente general del Servicio Nacional de Caminos (SNC); Luis Humberto Landívar Pereira, exgerente de Construcciones SNC; Mario Avelino Moreno Viruéz, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

De igual forma se solicitará al Ministerio Público investigar los movimientos bancarios inusuales o sospechosos detectados por la UIF e iniciar las acciones legales de: Carlos Diego de Mesa Gisbert, expresidente; Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, exministro de Servicios y Obras Públicas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, exviceministro de Justicia e interino de Servicios y Obras Públicas en el gobierno de Carlos Diego de Mesa Gisbert; Carlos Silvestre Romero Mallea, exviceministro de Energías Alternativas e interino de Servicios y Obras Públicas en el gobierno de Carlos Diego de Mesa Gisbert; Luis Carlos Jemio Mollinedo, exministro de Hacienda del gobierno de Carlos Diego de Mesa Gisbert; Luis Humberto Landívar Pereira, exgerente de Construcciones SNC; Jorge Nicolás Peredo Flores, exgerente general SNC y Mario Avelino Moreno Viruéz, exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

En la ocasión, la presidenta de la comisión Susana Rivero explicó que la cooperación judicial internacional solo se activa mediante los ministerios públicos de los países que están involucrados, y son los responsables de llevar adelante las acciones jurisdiccionales y los procesos para que los implicados puedan defenderse como corresponde.

“Es decir, las procuradurías y los ministerios públicos se pusieron de acuerdo e indicaron que la investigación solo se activa con proceso abierto”, así lo aclaró Rivero al reiterar que la ALP tiene límites para obtener información, motivo por el que se solicitó enviar al Ministerio Público toda la documentación resultado de la investigación de la comisión.

Así también pidió que se interiorice e investigue aquellos casos en los que los pagos se hicieron en paquetes y maletas. Además dijo que se debe llegar a saber quién es la persona que lleva las iniciales “C. M.” porque existe presunción de duda.

Fuente:

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia