“Nadie puede cobrar más de lo que vale su trabajo”. Lo dijo Mauricio Macri, ayer, durante la misma jornada en la que el Indec reconoció una inflación para septiembre del 6,5, lo que pone a la anualizada cerca del 45 por ciento, pero que además en rubros sensibles como alimentos se colocó sobre la barrera de los siete puntos porcentuales y en transporte superó el diez por ciento.

Y lo que es peor: el Índice de Precios al Consumidor núcleo creció 7,6 durante septiembre, con lo que acumula 38,9 en los últimos doce meses, mientras que en el caso de las tarifas de servicios públicos, el interanual señala un incremento del 52,5 por ciento.

Fue en un parque eólico en Chubut, donde estuvo flanqueado por el gobernador, Mariano Arcioni, el  mismo que en julio y recién después de cien días de acampe, aceptó sentarse con los docentes de su provincia en la mesa paritaria para discutir salarios.

Ahí, sin que nadie se inmutara, el Presidente pontificó: “hay oportunidades de progreso para todos los argentinos, para que de verdad podamos reducir la pobreza a partir de trabajo privado de calidad”.

Pero, un día antes, lo desmentía el propio Indec. Es que la divulgación del informe anualizado de generación del ingreso que confecciona, da cuenta de que en el período que va del segundo trimestre de 2017 al de este año, la participación del salario sobre el total de la economía cayó de 48,1 a 45,2 por ciento, mientras que aquello del ingreso nacional que se apropia el universo del capital, se catapultó del 43,6 al 45,9 por ciento.

Por su parte -otro indicador clave- el empleo registrado, continúa en el tobogán y, ayer, el gobierno emitió –por medio de Lecap- 75 mil millones de pesos más de deuda con tasa de interés de hasta el cuatro por ciento mensual, esto es, sesenta por ciento anual.

¿Alguien cree que con estas tasas se podrá revertir la acelerada tendencia que lleva la destrucción de empleo?

Aquí vale citar que si los números del Indec son preocupantes, el panorama aparece peor cuando el autor del relevamiento no es un Cambiemos Friendly.

De acuerdo al relevamiento de la Canasta Básica de Alimentos del Índice Barrial de Precios, correspondiente a septiembre -confeccionado por el Icepsi- sobre un universo de 350 comercios del conurbano bonaerense, los alimentos básicos se incrementaron 11,62 por ciento, lo que significa el crecimiento más alto de los últimos años.

Así, mientras que en agosto una familia de dos niños y dos adultos precisaba 8.007,93 pesos para comer lo indispensable durante treinta días, en septiembre necesitó 8.938,49 pesos.

En idéntica dirección, una encuesta llevada a cabo por Centro de Economía Política Argentina (Cepa), durante el mes pasado, revela que se profundiza la caída del consumo de alimentos básicos y medicamentos.

Este Trabajo exhibe que el 63 por ciento de las personas consultadas redujo su consumo de frutas, el 54 lo hizo con carnes, el 34 mermó la ingesta de lácteos y el 23 por ciento suprimió la de medicamentos.

Como se ve, lejos está el Gobierno Cambiemos del camino de “reducir la pobreza” que, apenas ayer, volvió a postular Macri. Pero, además, sólo basta con leer el Proyecto de Presupuesto para advertir que esto de destruir trabajo está en la zona núcleo de las políticas gubernamentales.

Afortunados

¿Pero será igual para todos? Uno de los afortunados a los que le va bien es el propio presidente, cuyo patrimonio se incrementó considerablemente durante 2017.

De esto da cuenta la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, donde explica que, durante ese año, su patrimonio superó los cien millones de pesos, esto es, un crecimiento del 21 por ciento.

Pero esto no es todo. El gobierno de los Panamá y Paradise Paper’s, dio un paso adelante para fomentar que sociedades radicadas en cloacas fiscales operen en el país.

Lo hizo por medio de una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), que flexibiliza los requisitos de inscripción que sociedades extranjeras deben cumplimentar para establecer una sucursal en Argentina o asociarse a empresas locales.

Queda claro que, por más que pontifique Macri, en esto de ponderar qué valor tiene el trabajo, lejos está de haber una única mirada. Y, más aún, a poco de rascar la superficie, se advierte que tal postulado se sustenta en la naturalización de la desigualdad.

Es que lo que subyace son algunas de las principales obsesiones del Gobierno Cambiemos. Flexibilización laboral y techo salarial son dos herramientas sobre las que La Rosada intenta avanzar desde diciembre de 2015 por medio de un cuerpo legislativo, pero también a través de mecanismos que logró imponer –fácticamente- a fuerza de ajuste.

Y para hacerlo vuelve con argumentos que son tan viejos como el capitalismo. Para eso la cantinela de que el control del techo salarial evita que crezca desmedidamente la masa monetaria en circulación y -por lo tanto- la inflación, la tasa de interés y la depreciación de la moneda.

Esta mirada monetarista no es imparcial. A la vuelta de la esquina de este mecanismo de esterilización, estaría –en el mejor de los casos- la deflación que al disminuir drásticamente el circulante, forzaría la baja de la tasa de interés, pero asimismo una letal disminución de la actividad económica, esto es, cierre de unidades productivas –sobre todo pymes- y pérdida de trabajo.

Pero, por ahora, la baja de la tasa de interés, la reversión del proceso de pérdida de poder adquisitivo de la moneda y deflación siguen en el universo del “te la debo” y lo que va quedando es sólo un horizonte más cercano a la hiperinflación, con tasas exorbitantes, un dólar descontrolado, incremento de deuda y más recesión. Todo muy parecido a un escenario de estanflación.

¿Pero es tan necio el staff gobernante que no advierte algo tan simple y, sobre todo, el costo político que esto puede traerle?

La dinámica inflación-deflación es inherente al capitalismo. Y –siempre- de la situación de ruptura que separa a ambos momentos y el terrible daño socioeconómico que provoca, surgen ganadores. Así, en una economía destrozada, donde la dinámica de compra y venta está sumamente afectada, empresas –principalmente pymes- son un bocado fácil para los que tienen con qué pagar y, sobre todo, cuando el cartel que está en la vidriera dice “saldo”.

¿Y, en este contexto, quién tiene dinero como para quedarse con el mercado?

En la primera línea están aquellos que disponen de una ingeniería fiscal compleja que les permite, sobre todo, tener sus cuentas a resguardo del fisco local. Los mismos que son los que -ahora en Argentina- van logrando condiciones para protagonizar la “lluvia de inversiones” que el Staff Cambiemos viene prometiendo desde hace rato.

Pero para pensar en la posibilidad de hacerlo, ponen condiciones. La decisión de la OGJ va en esa dirección y es congruente con el recurrente intento gubernamental de bajar o suprimir, lo que desde La Rosada llaman “costo argentino”, que no es otra cosa que bajar salarios y destruir derechos laborales.

Va quedando claro que todo esto apunta a garantizar que Argentina ingrese –definitivamente- en la dinámica que le impone el nuevo orden global capitalista, esto es, el reservado a una formación estatal que garantice el libre flujo -y ganancia extraordinaria en poco tiempo- de capitales, pero también que sea pasible de deslocalización de empresas. Todo con un mercado interno reducido al nivel de la subsistencia.

Es decir, una dinámica que profundice la desigualdad para construir más desigualdad, en un país que produzca materia prima y algunos bienes industriales exportables a países capitalistas desarrollados, pero con trabajo pagado a precios del África subsahariana.

Por eso resulta prudente volver a preguntarse cuánto vale el trabajo y, desde ahí, cuánto debería pagarse. Si la respuesta es -al menos- sensata, seguro que no le va a gustar al presidente.

Fuente:

Nuestra Propuesta | Diario del Partido Comunista de la Argentina