El día de ayer, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los presidentes de Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay afirmaron que en Venezuela se cometían crímenes de lesa humanidad, manteniendo una vocería coordinada con el vicepresidente Mike Pence y voceros del gobierno estadounidense que señalaron la situación venezolana, buscando generar el clima favorable a la solicitud de investigaciones en la Corte Penal Internacional (CPI).

Aprovechando la Asamblea General de la ONU, el presidente argentino Mauricio Macri, uno de los que encabeza esta comisión, señaló en su alocución que «llevará a la CPI la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana». Macri y el resto de los presidentes emitieron un veredicto antes de que la solicitud de una investigación fuera realizada, lo que ubica este hecho como una maniobra política que poco tiene que ver con lo que decida hacer esta instancia internacional ante la denuncia.

El día de hoy, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, según reporta la BBC, pidieron oficialmente a través de una misiva que esta instancia «investigue» los supuestos crímenes, un paso con el que se busca intensificar el cerco político al país, enjuiciar al liderazgo político chavista y acumular factores internacionales que posibiliten una acción de fuerza contra la soberanía nacional.

Esta maniobra multilateral contra la nación venezolana, con la participación de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el auspicio de su secretario general, Luis Almagro, se está intentando cuajar desde principios de 2017.

Informes de DDHH: material de soporte para incriminar a Venezuela

Los fundamentos de la petición son tres informes confeccionados en tiempos distintos pero enlazados en las denuncias de «ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos». Uno fue realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en agosto de 2017, que lo comandó hasta hace poco el príncipe jordano Zeid Ra’ad al Hussein, quien además tiene estrechas vinculaciones con la oposición venezolana. El otro informe fue elaborado por un panel de expertos, acompañado por ONGs financiadas por el Departamento de Estado, que el Secretario General de la OEA designó a finales del mismo año.

El otro informe es el de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ente dependiente de la OEA.

El grueso de las supuestas pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano contra la población, que en cifras manejadas por el medio corporativo The New York Times, se ubican en 8 mil 292 ejecuciones extrajudiciales y 12 mil casos de detenciones arbitrarias, están enmarcadas en el ciclo de violencia política y armada (revolución de color) dirigida por la oposición a mediados de 2017.

Las cifras sobreexplotadas y exageradas por los medios internacionales están relacionadas a actuaciones de los cuerpos de seguridad para restablecer el orden político y aplicar justicia contra autores materiales de hechos violentos, que fueron recogidos por la oposición local y ONGs como insumo para manufacturar elementos incriminatorios contra Venezuela. Una vez procesados, fueron exportados en las giras políticas de Julio Borges, Luis Florido, María Corina Machado, Diego Arria, entre otros, en un intento por generar consenso en los espacios de la opinión pública internacional sobre la supuesta actuación criminal del gobierno venezolano.

Otros argumentos se basan en las consecuencias que se derivan del bloqueo internacional financiero hacia el país, lo que inhabilita o dificulta el acceso a canales ordinarios de pagos para importar insumos de carácter indispensable, a saber, alimentos e insumos médicos elementales. El bloqueo de 1 mil 200 millones de dólares por parte de Euroclear, el congelamiento de un cargamento con 300 mil dosis de insulinas o la retención de 25 mil 210 cajas CLAP en la frontera colombo-venezolana, forma parte de los crímenes reales contra la humanidad que va tejiendo el bloqueo financiero.

Estas carencias, suprimido el contexto de colapso inducido exteriormente, abultan los informes de la OEA y de Zeid Ra’Ad Al Hussein, que en este caso funcionan para respaldar el análisis que presiona por la evaluación del caso de Venezuela, llevándolo a la instancia de la CPI.

Tanteos de vías expeditas a la investigación de la CPI

Conseguir que se active esta vía judicial requiere de unos tiempos burocráticos que los poderes fácticos que presionan por un cambio de régimen en Venezuela no posee en estos momentos. En términos reales, desde su creación en 2002, «sólo ha efectuado cuatro veredictos y ha gastado más de mil millones de dólares».

A principios de este año, la fiscal jefa Fatou Bensouda consideró la evaluación para establecer si Venezuela cometía las violaciones de las que se le acusaba y así avanzar hacia la judicialización del alto mando político e institucional del país. Sin embargo, esta solicitud debe pasar por la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares. Este complicado proceso puede tardar años en consolidarse, y la aplicación definitiva de los dictámenes puede resultar imprecisa.

Hacer una remisión multilateral con las presidencias de países buscaría evadir la burocracia interna de la Corte, cuestión fundamental para darle viabilidad a un relanzamiento de las sanciones económicas y financieras de forma rápida y así agotar las fases institucionales hacia una intervención militar.

La terapía de shock de Trump y compañía

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump se refirió a la Corte Penal Interamericana como una instancia que «no tiene ninguna jurisdicción, ni legitimidad ni autoridad», atacando fuertemente un instrumento de presión en el historial de intervencionismo estadounidense contemporáneo.

Esta desacreditación se encadena en unas declaraciones que hizo John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Administración Trump, como respuesta a la intención de una Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que está considerando abrir una investigación sobre la guerra de Afganistán, incluyendo crímenes que cometieron tropas estadounidenses.

«No cooperaremos (…) Dejaremos que la CPI se muera sola. Al fin y al cabo, en la práctica, la CPI ya está muerta para nosotros», fue la manifestación de Bolton que extiende la protección a su aliado israelí, amenazado también con una posible autorización a investigar los crímenes cometidos por su ejército a la población palestina.

La contraofensiva de este funcionario trascendió en un ultimátum sancionatorio a la Corte que prohibiría la entrada de jueces y fiscales de ésta a territorio norteamericano, procesaría judicialmente a los que se encuentren en el país y atacaría los bienes que circulan en el sistema financiero nacional.

Un mensaje que define la determinación supremacista de una potencia en declive: «Estados Unidos utilizará todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de nuestros aliados, de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima». Así Bolton culpó a la CPI de ser ineficaz y peligrosa, en la Federalist Society, una organización conservadora en Washington.

Donald Trump siguió el hilo de estas declaraciones para argumentar que Estados Unidos nunca entregará su soberanía a «una burocracia mundial que no fue electa ni rinde cuentas. Estados Unidos es gobernado por Estados Unidos». Deteriora la fiabilidad de organismos multilaterales, legado de administraciones pasadas de su nación al afirmar que la CPI «reclama jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de cada  país, violando todos los principios de justicia, equidad y debido proceso».

Pero los precedentes de estas acusaciones abundan desde la concepción de la CPI y el establecimiento de su normativa. Estados Unidos saboteó esta herramienta judicial al retractarse durante el primer gobierno de George W. Bush del Estatuto de Roma y a partir de allí marcó la ruta diplomática para llevar al mínimo las atribuciones y el poder de este organismo, previendo las posibles obligaciones morales que tendría que cumplir en su política interna y externa.

No aplica el uso del concepto de soberanía para los objetivos de control territorial y político de áreas estratégicas en el mundo que aplica Estados Unidos. Un paso por los métodos de desestabilización enfocados en Venezuela demuestra la disrupción entre el discurso del presidente norteamericano y sus acciones.

La postura hostil de Washington con el organismo internacional es un mecanismo de defensa que, al tratar de salvar el excepcionalismo estadounidense, impide que otros expedientes de crímenes de guerra puedan ser abiertos en Irak, Yemen, Siria, etc. Esto podría terminar afectando la maniobra regional en el frente venezolano, abriendo otro boquete en las coordinaciones del Departamento de Estado y los jefes de Estado latinoamericanos designados a la tarea de cambio de régimen en Venezuela.

Así, la CPI entra en una zona de deslegitimación y pérdida de credibilidad inducida por Estados Unidos, que podría traer problemas a su financiamiento y relativa capacidad como actor judicial internacional. Un cambio en el orden de prioridades que podría hacer del «caso Venezuela» un asunto secundario, toda vez que esta instancia, utilizada por Estados Unidos para judicializar liderazgos incómodos a su hegemonía, deberá limar asperezas y reconociliarse con sus fundadores para lograr extender su tiempo de vida.

El año pasado el portal The Irish Time resaltaba que «el recorte de fondos puede frenar a la Corte Penal Internacional». Argumentaba que los presupuestos elevados y los costos operativos de la instancia, sumados a las críticas de los Estados, parte por lo abultado del financiamiento, frenaba sus capacidades de la Corte. En 2017, el tribunal solicitó 147 millones de euros, pero al final se terminaron aprobando 141,6 millones de euros, lo que representa un aumento de solo el 3% y una reducción sensible con respecto a lo que solicitaba en años anteriores.

En este sentido, Estados Unidos podría llevar sus declaraciones contra la CPI hacia una agenda de desfinanciamiento para limitar las capacidades ya limitadas que ha tenido la Corte, en opinión de The Irish Time.

En lo inmediato, la CPI queda en un situación de vulnerabilidad financiera y de debilidad política que afectaría sensiblemente sus capacidades. Es probable que ahora los poderes intermedios en Occidente, ante los ataques de EEUU, busquen tomar un mayor control sobre la Corte para lo cual Venezuela sería una prueba de que la institución puede funcionar sin EEUU. Sin embargo, el choque de la Administración Trump limita sus alcances y le impone al resto de los socios estadounidenses mantener el mismo tratamiento. 

A Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, se ha sumado a última hora #Canadá. Funcionarios del gobierno canadiense dijeron que para tomar la decisión influyó los ataques que ha recibido recientemente la Corte Penal Internacional por parte del gobierno de #EEUU.

— Mariano de Alba (@marianodealba) 26 de septiembre de 2018

El desarrollo de este conflicto propiciado por la Administración Trump, de consecuencias y alcances imprevisibles, pero que también muestra cierta determinación en quienes dirigen el gobierno estadounidense, podría retardar el acoso a Venezuela y poner en riesgo la maniobra de judicializar al liderazgo venezolano, que se juega en la CPI un paso clave para abrir un escenario de intervención sobre el país.

Fuente: Misión Verdad

Fuente:

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América