Por Gerónimo López Sevillano, Secretario General de la CGTP

Hace unos días el economista Miguel Jaramillo insistió en defender a través de las páginas de El Comercio la propuesta de los empresarios con respecto al despido arbitrario. El argumento que defiende es que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que en el 2001 señaló que en caso de despido arbitrario corresponde ya sea la reposición o indemnización del trabajador afectado ha obligado a los empresarios a optar por contratos temporales y no por contratos a plazo indefinido.

Según el estudio econométrico realizado por Jaramillo se señala que desde el año de la sentencia se incrementan los contratos temporales como una respuesta del mercado laboral a la “rigidez” promovida por la mencionada sentencia.

Como se trata de una discusión que afecta la vida de cientos de miles de familias trabajadoras, el secretariado Ejecutivo de la CGTP se ve en la necesidad de señalar lo siguiente:

En primer lugar, como ya lo han indicado otros investigadores, los contratos temporales ya estaban en incremento desde 1991 cuando empiezan las reformas neoliberales que desregulan el mercado laboral. Hasta el propio Jaramillo reconoce que hay dicho aumento y que es parte del mismo proceso aunque él lo aduce al efecto de la sentencia del TC de 2001.

En segundo lugar, el incremento de contratos temporales que se registra en el 2001 no puede deducirse exclusivamente de dicha sentencia del TC pues en ése mismo momento empieza una recuperación de la economía como muestran las cifras de la variación del PBI desde el año 2000. Entendemos que en un estudio econométrico se eliminan otras variables para establecer una relación de causalidad, que es lo que pretende Jaramillo, pero lamentablemente, la realidad es más compleja. Por lo que no hay manera de señalar con rigurosidad que los empresarios realmente optaron por contratos temporales porque la sentencia del TC los desanimó de contratar de manera estable a los trabajadores.

En tercer lugar, la discusión de fondo es algo que Jaramillo prefiere no mencionar. Se trata de “despidos arbitrarios” es decir, de la ruptura del vínculo laboral sin causa objetiva. Pero como en los medios y en las declaraciones que da a la prensa no lo señala claramente, parece que se trata de todo tipo de despido. Dando así la idea que en el país reina la más absoluta estabilidad laboral y que es prácticamente imposible despedir a un trabajador o trabajadora. Lo cual es completamente falso. La legislación peruana desde siempre ha distinguido como en todo el mundo, el despido con causa; del despido sin causa, incausado o arbitrario. El despido con causa está perfectamente normado y regulado. La ley señala los motivos y las modalidades. Incluso cuando una empresa se encuentra en dificultades económicas puede tramitar un cese colectivo de una parte de su planilla laboral.

Cuarto, en muchos países el despido arbitrario es ilegal, pero en nuestro orden legal se tolera el despido arbitrario. Un trabajador despedido arbitrariamente debe iniciar un proceso judicial que dura varios años para finalmente ser repuesto. En la realidad, cientos de miles de trabajadores son despedidos arbitrariamente y no disponen de los medios para obtener una reposición por lo que optan por la indemnización económica.

En quinto lugar, las empresas cuentan con dos regímenes especiales y siete modalidades de contratos temporales para evitar la estabilidad laboral. Y nada de esto depende de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Como podemos ver, aquí lo que la CONFIEP defiende a través de Jaramillo es el derecho de los empresarios para despedir sin razón o motivo a cualquier trabajador o trabajadora. Hace más de 100 años que las sociedades democráticas han entendido que el trabajo asalariado es la base del ejercicio de la ciudadanía y por lo tanto de las mismas democracias.

No se trata de paternalismo ni buenas intenciones. Probablemente por su experiencia personal, Jaramillo considere que un empleado despedido sin razón puede recolocarse inmediatamente en otro puesto, incluso mejor que el anterior. Tal vez para él y sus amistades esto ocurra así. Pero no es la experiencia de los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del país.

Las evidencias que reclama Jaramillo las puede encontrar en la historia y en la experiencia de las economías más sólidas del mundo. En todas ellas el despido sin causa no está permitido. Esto no es filosofía ni econometría, es una regla básica de convivencia social.

Por estas razones, la CGTP alerta a la opinión pública acerca de las propuestas empresariales que solamente buscan darle más poder a los empresarios y poner en riesgo a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras del país. (Lima, 08/05/18)

Fuente:

Agencia Peruana de Información Sindical