Nicaragua en el centro de la contraofensiva imperialista

NicaraguaEl lunes 16 de abril, el gobierno sandinista de Daniel Ortega anunció la aprobación de la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), proyecto planteado desde 2017, con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). En este nuevo esquema, se “distribuye” la responsabilidad entre patrones empresariales y trabajadores. El gobierno defendió la medida alegando que es el máximo esfuerzo para evitar la privatización de la seguridad social, pero la misma contiene por ejemplo, una disminución de 5% de las pensiones y el aumento progresivo de los montos de las cotizaciones aunque las empresas pasarán de aportar de 19 a 22,5 % y los trabajadores de 6,25 a 7 %.

La decisión evitaría el quiebre del INSS, ante el riesgo de una eventual falta de liquidez, aseguran los voceros oficiales. La propuesta fue producto de un consenso en mesas de trabajo previas con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Sin embargo tras el anuncio, el miércoles 18 comenzó una ola de protestas violentas que se han mantenido y continúan convocadas para esta semana, con un saldo oficial de 10 muertos y cientos de heridos y cuantiosos daños materiales.

Las imágenes que circulan son sorprendentes por su parecido con las “guarimbas” en Venezuela, un plan desestabilizador de violencia fascista que dejó unas 200 víctimas mortales en abril de 2017 y que tenían como finalidad derrocar al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro.

Sin embargo, en Nicaragua el trasfondo es más complejo. Ante medidas de reforma de la seguridad social claramente neoliberales, el movimiento popular convocó a manifestaciones. El miércoles los primeros en salir a la calle fueron los jubilados y los estudiantes universitarios en Managua. Pero la auténtica protesta popular, fue aprovechada por la oposición de derecha para dar otro matiz a la situación y desatar la violencia.

Este tipo de protestas violentas no tienen precedentes desde el retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al Ejecutivo hace 11 años.

Ambas partes, gobierno y oposición se achacan la responsabilidad de la violencia, aunque las imágenes muestran que como en Venezuela, son grupos vandálicos los que han generado la destrucción en acciones que no tienen que ver con una protesta, sino con terrorismo político. Los medios de la derecha califican al presidente Daniel Ortega de “Dictador y Asesino”.

Diferentes activistas han acusado al gobierno de ejercer una fuerte represión contra los manifestantes, sin embargo la evidencia es clara: han sido quemados y atacados edificios institucionales, la sede del FSLN, el Ministerio de la Juventud, una radio universitaria simpatizante del sandinismo.

El sábado, la vicepresidenta Rosarillo Murillo, tras dar un balance donde informó la existencia hasta ese momentos de 10 fallecidos, indicó que se restablecería el diálogo con la Cosep.

Unas horas después se pronunció el mandatario Daniel Ortega y anunció que en la mesa de diálogo con la empresa privada, las medidas podrían ser “mejoradas” sin aparecieran nuevas propuestas de la contraparte.

Ortega aseguró que el FMI exigió que se tomaran medidas más drásticas, como aumentar la edad de la jubilación o aplicar mayores cuotas en la cotización, y en la mesa de diálogo previa se logró el consenso para tomar medidas gradualmente ya que “la economía nicaragüense no podía sostener medidas más fuertes”.

Ortega denunció que los manifestantes violentos son agentes del imperialismo, pandilleros, narcotraficantes que buscan un estallido y el peligro de la vuelta de una guerra civil. También reconoció que existe un movimiento popular especialmente de jóvenes que han reaccionado ante la medida que representa sin duda un desbalance que beneficia a las trasnacionales y perjudica el ingreso de la clase trabajadora.

“Quieren sembrar el odio. Los muchachos sencillamente están solidarios con los trabajadores, aunque no estén claros de las medidas, es natural que ellos quieran reaccionar”, dijo Ortega al tiempo que indicó que la violencia es generada por grupos mercenarios contratados para eso.

Mientras Cosep, está convocado a un “cierre patronal” y rechaza la medida, en un escenario casi incomprensible del “mundo al revés” donde la empresa privada supuestamente defiende los derechos de los trabajadores. Es sin duda parte de una ofensiva mayor en contar del gobierno sandinista que pretendió implantar de manera menos agresiva, las medidas impuestas por el FMI.

No hay que dudar que si retornara el empresariado al poder, el paquete fondomonetarista sería impuesto como en el pasado, a sangre y fuego, y se incluiría la flexibilización laboral, los despidos masivos, recortes fuertes de pensiones como sucede en otros países.

La violencia este sábado en la noche dejó un periodista asesinado, Ángel Gaona del canal 6, para aumentar aún más el foco mediático. Ambos bandos se responsabilizan por el hecho que todavía no está esclarecido.

Nuevas protestas están convocadas por la derecha empresarial para esta semana que inicia. Sin lugar a dudas, el sandinismo enfrenta literalmente una prueba de fuego que decidirá el futuro del país en los próximos meses, sin no logran detener la violencia fascista que ha tomado el descontento social por medidas neoliberales como palanca de una ofensiva para derrocar al gobierno.

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