Falsos positivos contra Venezuela

VenezuelaEl secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció de manera irresponsable ayer jueves lo que consideró un »autogolpe de estado« en Venezuela y a su vez solicitó convocar »de urgencia« al Consejo Permanente del ente continental. Almagro manifestó su »condena« a los dos dictámenes de esta semana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, mediante los que, según su criterio, el máximo tribunal asumió el papel del Legislativo »anulando« la existencia de la Asamblea Nacional (AN).

Estas dos decisiones constituyen, para Almagro, »los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia«.
Por tal motivo »es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana«, afirmó. El artículo 20 de la Carta autoriza a la OEA a actuar en caso de »alteración del orden constitucional« en un país miembro.

Pese a los reiterados ataques y agresiones de Almagro contra el Gobierno Bolivariano, la propuesta de intervenir en Venezuela a través de la mencionada Carta ha fracasado y no ha contando con la mayoría suficiente de votos. La última derrota del secretario general se produjo en el pasado Consejo Permanente realizado el martes 28 de marzo, cuando a solicitud de 20 países se discutió la situación en Venezuela. Esta sesión culminó sin ninguna declaración jurídica o vinculante y se descartó la aplicación de la Carta Democrática.

Falso positivo judicial

Ante esta nueva victoria de la diplomacia latinoamericana, que evitó la condena y sanción de un país con un gobierno legítimo y democrático que forma parte de la OEA, Almagro decidió lanzar un falso positivo judicial basándose en dos sentencias legítimas del TSJ.

El 27 de marzo, la Sala Constitucional del TSJ declaró la nulidad por inconstitucionalidad del acto aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, denominado Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA.

A continuación el texto de la sentencia que puede ser consultado en la página web del TSJ:

»La decisión ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que ejerza las acciones que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional, así como también tomar las medidas que considere necesarias para evitar un estado de conmoción y, en el marco del Estado de Excepción vigente y ante el desacato y omisión de la AN, igualmente se ordena revisar diversas leyes que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país.

La Sala Constitucional del TSJ, como máxima intérprete de la Carta Magna, también ordena al Primer Mandatario Nacional que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la OEA, en detrimento de los principios democráticos y de igualdad a lo interno de las mismas, sin que por ello se deje de reconocer la digna acción de los Estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que, por tanto, han apoyado la posición de la República Bolivariana de Venezuela.

La Sala refirió que la inmunidad parlamentaria solo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales flagrantes.«

Es decir, el TSJ cumplió su labor de proteger la soberanía nacional ante una AN en desacato que pidió la activación de la Carta Democrática.

La segunda decisión a la que se refiere Almagro señala que »ante el desacato de la AN, la Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a la Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo«.

»Resolviendo la interpretación solicitada del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió que la AN actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones”, prosigue el tribunal.
Es decir, con una sentencia que indica que el Ejecutivo Nacional no tiene impedimento para la conformación de empresas mixtas sin el visto bueno de la AN, pues la Constitución solicita la aprobación de este órgano que en la actualidad se encuentra en desataco, la derecha internacional ha querido tergiversar la realidad al aseverar que el TSJ “le arrebató las competencias de la AN«, con la finalidad de propiciar una intervención extranjera en nuestro país.

No es de extrañar que los primeros respaldos a la falsa denuncia de »autogolpe de estado« hecha por Almagro provengan del Departamento de Estado, que indicó que »EE.UU. condena decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de usurpar poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Gobierno de Venezuela debe cumplir compromisos asumidos en el diálogo de 2016, obligaciones con su pueblo y Carta Democrática Interamericana. Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela«.

El presidente del Parlamento Europeo, el ultarderechista italiano Antonio Tajani, también se manifestó por vía de las redes sociales diciendo que Bruselas »apoya la Asamblea Nacional, único poder legitimado, y denuncia el autogolpe de Estado perpetrado por el régimen de Venezuela«.

Como parte de la campaña intervencionista también se inició una artillería de Fake News y varios medios internacionales como »El País« de España y otros habituales atacantes del Gobierno Bolivariano desplegaron llamativos titulares con »Golpe de Estado en Venezuela«.

Las reacciones no se han hecho esperar. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que participa en el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela, y quien conoce bien de las distorsiones mediáticas en torno a Caracas, hizo un llamado a la prudencia, la discreción y la paciencia.
Zapatero aseguró que seguirá haciendo una »labor de acompañamiento« con el fin de »hacer un proceso casi preventivo de paz para que no se produzca un conflicto civil«.

»Además de ello, se trabaja para buscar un acuerdo de estabilidad que exige prudencia. Por mis tareas de gobierno y por mi experiencia en responsabilidades políticas sé que cuestiones tan delicadas en un escenario de conflicto solo pueden tener una vía de solución con trabajo de discreción y paciencia«, enfatizó.

¿Por qué no hay un golpe de Estado en Venezuela?

Ana Cristina Bracho, abogada, magíster en Derecho Público y Derechos Fundamentales y colaboradora del »Correo del Orinoco«, nos explica de manera didáctica por qué no hay un golpe de Estado en Venezuela en su artículo »Claves para entender las decisiones constitucionales«, que a continuación transcribimos:

»El 30 de marzo de 2017, la Venezuela virtual amaneció enmarcada en tendencias que acusaban al Tribunal Supremo de Justicia. La matriz virtual de la derecha era sencilla, la primera etiqueta denunciaba un hipotético “Golpe de Estado judicial contra la Asamblea Nacional”, que se habría producido –al parecer– con la ponencia conjunta del 28 de marzo en el expediente 17-0323 y, completado con la decisión de la misma fecha y suscripción en el expediente 17-0325.

Al respecto, sobre todo la primera, referida a las actuaciones internacionales del Estado y a la naturaleza de la inmunidad parlamentaria, fija severamente una postura en defensa del Estado. Esta es la primera clave para entender las últimas decisiones.

En primer lugar, se trata de entender si estamos ante un conflicto de Estado o una crisis de gobierno. Son cosas distintas. Una crisis de gobierno que se configuraría, según la derecha, de un modo casi caricaturesco pues estaríamos frente a una dictadura sin dictador.

La Asamblea Nacional dictó una resolución sin asidero constitucional que determinó el abandono del cargo del Presidente y envió una delegación a representar a Venezuela en un foro de gobiernos. En Venezuela, el gobierno es el Poder Ejecutivo. Es decir, que proyecta un país donde nadie gobierna. Esta línea discursiva permite hablar de un Estado fallido, cual reino sin rey, y justificar un llamado a elecciones generales puesto que aquí no existiría ninguna estructura: ni quien dé un pasaporte, ni quien dé una medicina, ni quién llame a elecciones.

El Ejecutivo inexistente equivaldría a que en Venezuela no hay gobierno, por lo tanto de algún sombrero hay que sacar alguno.

La AN rompió también con el pacto fundacional de la República y el principio liberal de la separación de poderes. Pues esa fórmula que repetimos desde educación cívica reconoce que todas las funciones no pueden caer en un solo sujeto porque sería absolutismo pero también señala que ninguna de las partes tiene personalidad ni existencia autónoma. El país es esa suma de representantes, ciudadanos y territorio. Ninguno es, en el ámbito político, sin el otro.

Allí nace y se mantiene el problema con el Poder Judicial, que en el liberalismo era esa boca de la ley, sujeto de palo, último llamado a la fiesta. Poseedor legítimo del deber del orden y de la autoridad. Dotado desde la segunda mitad del siglo XX de la fuerza constitucional. Es decir, garante del Estado por encima de las peleas de sus hijos (los ciudadanos) y de sus hermanos (los otros cuatro poderes).

La primera pelea, la fundamental, la cazó el Poder Legislativo con el Poder Judicial cuando en pataleta pública desconoció la medida cautelar que sobre los ciudadanos que se presentaron a las elecciones de diputados en el estado Amazonas y sobre cuya elección existían fundadas dudas, decide hacer caso omiso del llamado.

Postura que obvia que ante decisiones de justicia el estar o no de acuerdo es un asunto secundario, únicamente salvable mediante recursos judiciales. ¿Mucho pedir? ¡Hagamos un censo en cualquier cárcel de cualquier país sobre si los detenidos están de acuerdo! Como por regla general nadie está de acuerdo con las decisiones de justicia y muchas de la administración, tienen estas autoridades la capacidad de hacer valer sus decisiones de manera forzosa. Allí, cuando dijeron que no a la autoridad se encontraron con la justicia constitucional.

En primer término, la Sala Constitucional no ha hecho nada más que decirles, una y otra vez, como la maestra en un salón de clases que hagan caso. Un conflicto que, a los efectos parlamentarios, no tiene mayor relevancia puesto que la mayoría la tienen por mucho y para mucho.

Allí estamos desde hace un año. El hijo rebelde culpa a la madre de su castigo y no reflexiona sobre su falla. La situación empuja al país a la primera premisa, no la de la crisis de gobierno, sino el conflicto de Estado. La pregunta planteada sería ¿puede la República detenerse, suicidarse, por uno de sus cinco componentes declarado en rebeldía?

En ese marco, no queda otro que preguntarnos ¿tiene el Poder Judicial un deber de preservación de la República? ¿Cómo existe la República sin presupuesto? ¿Cómo se compran las medicinas y la comida sin él? ¿Cómo se llama a elecciones sin él? Esa fue la sentencia. Si la Asamblea Nacional, titular constitucional de la función no la ejerce, el interés fundamental de conservar la República y los derechos del pueblo, exigen que la decisión se tome. Truncado el plan de matar asfixiada la vida nacional, en marzo el conflicto se recrudece.

No hablamos casa adentro sino fronteras afuera. Siempre me ha gustado hablar ese tema haciendo mención de la Constitución de 1811 y la de 1830, ambas previeron que aceptar honores o comprometer la estabilidad y la integridad eran las afrontas más graves que contra el país alguien podía cometer.
Esto tiene una razón. Somos un pueblo que conquistó su Independencia y esto no es un estadio estable, inmutable, libre de quienes quieran venir a vengarlo, a deshacerlo. Allí, el contexto de la última sentencia.

Son tiempos vivos para el derecho judicial y tiempos tristes para la lógica de Estado. La resistencia nacional requiere decisiones de justicia acordes, que debemos enmarcar como lo que son: ejercicios puros de patriotismo, llenos, evidentemente, de la debilidad que nace no del razonamiento judicial sino de la inédita y cobarde actuación de una parte de un Estado que se entregó.«

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