Solidaridad con Brasil desde Uruguay. Imagen: @ProDerechosLa Cámara de Diputados de Brasil admitió el pedido de juicio político contra Dilma Rousseff por incurrir en un presunto delito de responsabilidad, una acusación que, según la defensa de la Presidenta, carece de sustento legal. La oposición logró conseguir más de los dos tercios de los 511 legisladores y así la mayoría necesaria para encaminar la solicitud al Senado, que será el encargado de decidir si abre o no el proceso de destitución.

El clima que se vivía en la cámara baja era de temor y expectativa, mientras la palabra de orden era traición, reseñó la Agencia Brasil, que citó como ejemplo al Partido Progresista (PP), cuyos congresistas habían prometido votar contra el impeachment y a última hora cambiaron de opinión. También mencionó al peemedebista Mauro Lopes, quien fue exonerado esta semana de su cargo de ministro de la Aviación Civil para que pudiera retomar su escaño en la cámara y votar contra el pedido de juicio político y esta tarde votó a favor.

Algo similar ocurrió con el presidente nacional del Partido de la República (PR), Alfredo Nascimento, quien renunció a su cargo para desoír la orientación de su bancada y votar por la admisión del procedimiento de destitución de Rousseff.

El diario »Folha de Sao Paulo«, en tanto, publicó una nota en su edición digital según la cual varios diputados reconocieron haber sido presionados fuertemente por empresarios para que apoyaran la admisión del juicio político.

El pedido de impeachment fue aceptado por Cunha el pasado 2 de diciembre en una acción que el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, calificó de notorio desvío de poder y un acto de venganza por no recibir el apoyo de diputados del gobierno para frenar el proceso de casación que enfrenta en la Comisión de Etica. Cunha debe responder ante ese órgano por mentir al Congreso, al negar que poseía cuentas bancarias secretas en Suiza. Además, fue denunciado por la Procuraduría General de la República por corrupción y lavado de dinero.

Una vez admitida por el plenario de la Cámara de Diputados, la solicitud de juicio político pasa al Senado, que deberá aprobar por mayoría simple si procede o no. En caso afirmativo, la Presidenta será apartada del cargo por un periodo de 180 días en el transcurso del cual será juzgada.

En un mensaje difundido ayer a través de las redes sociales, Dilma Rousseff denunció que el proceso que este domingo concluía en la cámara baja constituye el mayor fraude jurídico y político en la historia de Brasil. »No hay razón para un proceso como éste, pues me acusan sin ninguna base legal. Yo no cometí ningún delito de responsabilidad, ni hay denuncias contra mí por corrupción, desvío de dinero público o sobornos«, dijo.

De acuerdo con versiones de prensa, Rousseff acompañó la votación desde la residencial oficial del Palacio da Alvorada junto el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros y asesores.

Fuente: Prensa Latina / RedGlobe